Empujados a la deuda.

Ni falta de educación financiera, ni irresponsabilidad. Es la política económica.

El sobreendeudamiento de los argentinos no es consecuencia de la irresponsabilidad de los endeudados ni de una falta de educación financiera. Tampoco es un efecto colateral de la mentada expansión del crédito celebrada por referentes libertarios que cada vez parecen más alienados de la realidad.

Subestimar y relativizar un problema que ya genera situaciones dramáticas y se perfila como una bomba de tiempo es querer tapar el sol con la mano.

Que los trabajadores argentinos estén tapados y hundidos por deudas es consecuencia de una crisis de ingresos producto de una dinámica perfectamente definida a partir de diciembre de 2023. En primer lugar, la devaluación del 118% generó una ola inflacionaria y una implacable licuación de los salarios y su poder adquisitivo. En este sentido, nuestro centro de estudios matriz CIFRA-CTA, solo entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, los sueldos perdieron en torno a un 20% de su poder de compra.

En segundo lugar, mientras que el Estado intervenía para que las paritarias no acompañaran el ritmo inflacionario e impedía la recuperación salarial, el Gobierno autorizaba aumentos en servicios, obras sociales y combustibles a niveles muy superiores a la propia inflación, deteriorando más la economía de las familias.

Finalmente, Milei decidió liberar a las “fuerzas de la usura”, permitiendo que los agentes del sector financiero llevaran las tasas de interés, penalidades e intereses punitorios a niveles discrecionales y, consecuentemente, astronómicos.

El resultado de eso es lógico, racional y previsible: el sueldo dejó de ser capaz de satisfacer las necesidades mínimas de supervivencia y, cuando lo que estaba en juego era el techo y la comida, endeudarse no fue una elección, sino una obligación. Cuando el presidente dice que “nadie le puso una pistola en la cabeza” a la gente para endeudarse, comete un acto de cinismo importante, porque la pistola es su política económica.

Así, el crédito fue emparchando la brecha que se generó entre el salario y el costo de vida y, paulatinamente, el endeudamiento fue creciendo en la economía de las familias. Esto, a su vez, se dio con el agravante de que los pasivos se generaron con tasas de usura y condiciones altamente desfavorables para quienes contrajeron las deudas.

Nosotros, desde CISPER, advertimos esta problemática en marzo, cuando las estadísticas oficiales todavía no reflejaban la crudeza y la extensión del fenómeno. En ese entonces, determinamos que entre los trabajadores públicos el endeudamiento superaba el 90% de la muestra y que, en promedio, los trabajadores destinaban el 60% de su ingreso a pagar deudas. También pudimos reflejar que el 70% de los empleados tenían ingresos en el umbral o por debajo de la línea de pobreza y que, cuanto menor era el ingreso del trabajador, se encontraba más endeudado y con formas de crédito más caras.

Hoy son varias las estadísticas que terminan de darle dimensión a lo extendido del problema: según CEPA, hay casi 6 millones de morosos en Argentina. No se trata de gente que está muy endeudada, estamos hablando de gente que directamente ya no puede pagar.

Es un número impactante porque indica que 1 de cada 6 mayores de 18 años en la Argentina no puede pagar sus deudas o, calculado de otra forma, equivale al 26% de la población económicamente activa. Para CECA (Centro de Estudios de la Ciudad), la tasa de mora en el país alcanzó el 17,4% en junio y se multiplicó por 4 en lo que va del año.

En ese marco, Entre Ríos no es la excepción. Pese a que en el orden nacional se encuentra entre las provincias con menor mora, el índice de morosidad se ubica en el 13,3%. Los morosos eran 128.873 en junio, lo que representa alrededor del 18% de la población económicamente activa de la provincia o el 12,3% de los mayores de 18 años. En los menores de 25 años, la situación se torna más preocupante: la mora llega al 33,2% sobre el total de pasivos y la concentran 15.442 jóvenes, es decir, aproximadamente el 10% de los entrerrianos contemplados en el rango de 18 a 24 años.

Este panorama es más sombrío si se tiene en cuenta que el endeudamiento tiene un límite, que cada vez está más cerca de alcanzarse si no se toman medidas urgentes de refinanciación y, fundamentalmente, de recuperación de ingresos. En la actualidad, representa un problema que alcanza a los propios actores del sector financiero, los cuales están analizando las opciones para resguardarse, pero, lógicamente, priorizando sus intereses y no los de los endeudados.

Las posibles salidas

Ante esta crisis, la única respuesta posible y viable tiene que venir del Estado. Es lo que corresponde, porque fue el Gobierno al frente del Estado el que generó la asfixia financiera de la población. Sin embargo, es difícil pensar que el presidente, por su ideología y convencimiento de su programa económico, atienda este problema como corresponde.

Para que los trabajadores y las familias “vuelvan a respirar”, se necesita un plan de desendeudamiento viable acompañado por una política de recomposición de ingresos.

En la oposición, el diputado Guillermo Michel, junto a otros legisladores, divisaron la situación tempranamente, a principios de año, y presentaron un programa que puede atender la situación de sobreendeudamiento a partir de una refinanciación de pasivos de las personas, a tasas sostenibles razonables y fondeado por ANSES.

En la provincia, ante los reclamos de la CTA y otras organizaciones y presentaciones como las del diputado Juan José Bahillo, el Gobierno acordó con el Nuevo Banco de Entre Ríos un programa de refinanciación que no ha tenido el alcance que se necesitaba porque las tasas y las condiciones para el acceso están más pensadas para el negocio del banco que para el alivio de los endeudados.

En estos días, Enrique Cresto también presentó un proyecto de ley para crear un programa de desendeudamiento en el que se busca que entidades financieras ofrezcan opciones de refinanciación a una tasa razonable a cambio de una disminución en el impuesto sobre los Ingresos Brutos.

A mi entender, la problemática está tan extendida que, tarde o temprano, el Estado deberá interceder para evitar que personas e instituciones puedan salir, pero difícilmente sea durante el gobierno de Javier Milei.

Si se piensa en sortear esta crisis, el camino necesario en el futuro inmediato deberá ser el del desendeudamiento de la población, las políticas de recomposición de ingresos y políticas antiinflacionarias que combinen racionalidad fiscal con control de precios en materias que el Estado efectivamente puede controlar, como son combustibles y servicios. Una tarea más que compleja, pero imprescindible para pensar una Argentina viable y con posibilidades de desarrollo de la población.

Facundo Stivanello Bernardi

Coordinador del Centro de Investigación Social y Política de Entre Ríos-

Secretario de Finanzas de CTA Entre Ríos